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Retos y oportunidades de la pequeña minería de oro en la Amazonía colombiana – entrevista con Enrique Castro

Conocimos a Enrique Castro por nuestro trabajo en el proyecto EPICC (Environmental Policy Instruments across Commodity Chains (EPICC): Comparing multi-level governance for Biodiversity Protection and Climate Action in Brazil, Colombia, and Indonesia). Enrique fue pequeño minero artesanal en Taraira (Vaupés) y se ha dedicado a luchar contra la gran minería en esa región y a colaborar con las comunidades en la organización, legalización y formalización de su pequeña minería tradicional. Creemos que las reflexiones de Enrique sobre esta lucha pueden ser de inspiración para los movimientos socio-ambientales.

Introducción

Conocimos a Enrique Castro por nuestro trabajo en el proyecto EPICC (Environmental Policy Instruments across Commodity Chains (EPICC): Comparing multi-level governance for Biodiversity Protection and Climate Action in Brazil, Colombia, and Indonesia).

A pesar de las pruebas científicas sobre la agricultura y la minería como principales amenazas para la biodiversidad y el clima mundial, las fronteras de las cadenas de valor mundiales siguen expandiéndose hacia los bosques tropicales, provocando la deforestación, la degradación de los bosques y la pérdida de biodiversidad. La organización global de las cadenas de valor es parte del problema: intensifica la necesidad de carne y minerales, aumenta la distancia entre los lugares de extracción y producción, y los lugares de procesamiento y consumo final. En los últimos años, los consumidores, los gobiernos y las empresas con sede en la Unión Europea buscan cada vez más soluciones para abordar las externalidades medioambientales y sociales de los productos básicos importados, como la carne y los minerales.

En EPICC se estudian las cadenas de valor globales que se originan en tres países ricos en biodiversidad (Brasil, Colombia e Indonesia) y que terminan en el mercado europeo. Nos interesa saber cómo los países están conectados y como iniciativas en Europa de mejorar las cadenas en términos de sostenibilidad son percibidos en los países de origen. El objetivo del proyecto es identificar a los actores que tienen el poder y los recursos en los diferentes niveles de gobernanza (local, nacional, internacional) para permitir un cambio hacia la producción sostenible. Además, se analizarán los aspectos de justicia ambiental: participación de los actores en los procesos de toma de decisiones, la distribución de los bienes y de los derechos y deberes y el reconocimiento de diferentes concepciones y valores en las relaciones hombre-naturaleza.

Durante un recorrido por el departamento del Putumayo Enrique – un abogado, minero y activista con experiencia de muchos años en la pequeña minería de oro en la Amazonia colombiana – compartió sus conocimientos con nosotras. Los hemos recopilado y resumido en esta entrevista.

Enrique fue pequeño minero artesanal en Taraira (Vaupés) cuando aún no tenía muchos conocimientos sobre los impactos ambientales, sociales, culturales y políticos de la minería en la Amazonia. A raíz del conflicto que se presentó en Taraira con la llegada de una multinacional minera canadiense que desplazó a los pequeños mineros del sector, y de la ampliación del extractivismo minero como política pública de esa época en Colombia (incluyendo hidrocarburos), Enrique se dedicó a estudiar y a profundizar en el tema. llegó a la conclusión de que en esa región, por la sensibilidad del ecosistema, de la biodiversidad, de la cultura indígena y de la importancia de la conservación ambiental de la Amazonia para el país y para el mundo, solo se debería practicar allí la pequeña minería tradicional por parte de las personas o comunidades que la habitan, mejorando las prácticas mediante la legalización, formalización y asistencia técnica del Estado.

Por eso, Enrique se ha dedicado a luchar contra la gran minería en esa región y a colaborar con las comunidades en la organización, legalización y formalización de su pequeña minería tradicional, ya sea como medio de subsistencia y mejoramiento de sus condiciones de vida de manera autónoma y sostenible, o para la reconversión laboral de aquellas comunidades que la practican en sitios donde por cualquier motivo no sea conveniente. Creemos que las reflexiones de Enrique sobre esta lucha pueden ser de inspiración para los movimientos socio-ambientales.

Entrevista

Entrevistadora 1 (Barbara): ¡Buenos días, Enrique! Mucho gusto conversar con usted hoy sobre la situación de la pequeña minería de oro en Colombia, más bien en la Amazonia colombiana. Sí hablamos de pequeña minería, ¿de qué hablamos?

Enrique: Digamos, la pequeña minería en Colombia es lo que llamamos los barequeros. Diariamente cogen su batea, se meten dentro del monte y por allá en el monte escarban y por lo menos un granito de oro sacan diario y con eso se sostienen. Más allá del simple barequeo en el que los pequeños mineros solo utilizan batea, pico y pala, otros utilizan una motobomba para romper y lavar la tierra; y otros utilizan dos motobombas, una para romper y otra para “chupar” o succionar el material del lecho y enviarlo al canalón donde se separa el oro de la arena. Son máquinas pequeñas, máximo de 10 HP con mangueras o “güíos” de 4. Es decir, se trata de una actividad artesanal semi mecanizada, de poco impacto ambiental, que no puede considerarse como para enriquecimiento o acumulación de capital, de tal manera que con la ayuda de algunos cultivos agrícolas, conforman una pequeña economía campesina de subsistencia familiar, que además, les sirve a los pequeños mineros para hacerse poseedores de las tierras y de las minas que ocuparon durante varios años, lo cual les da derecho a la legalización y a la formalización.

Enrique informing a mining community about their possibilities (Paula Sánchez)

Entrevistadora 2 (Paula): ¿Y cómo describiría la situación actual de la pequeña minería en la Amazonia colombiana?

Para entender la situación actual de la pequeña minería en la Amazonia colombiana y su evolución, pongo el ejemplo de la que se ha practicado en la región del departamento de Putumayo, en los municipios de Villa Garzón y Puerto Guzmán, a orillas de los ríos Mocoa y Caquetá. Conocí esa zona hace algo más de veinte años, cuando estaban llegando indígenas y 2 afrodescendientes desplazados de los departamentos del Cauca y Nariño. Eran personas que ya habían practicado la minería artesanal y la agricultura en esos departamentos, encontraron oro en esa zona del Putumayo y por lo tanto se les facilitó establecerse allí. Pero se trataba de una minería puramente artesanal, de subsistencia. Hoy encuentro con sorpresa y pesimismo, que dicha minería, por la riqueza aurífera de los aluviones provenientes de las alturas andinas, que es inconmensurable, se ha multiplicado y mecanizado, con puntos a favor y en contra.

En contra como la mecanización, que consiste principalmente en la entrada de retroexcavadoras, las llamadas “retros”. La zona ya está “plagada” de estos infernales aparatos. Lo más grave es que detrás de las “retros” están sus financiadores. Son aparatos muy costosos, tanto en la compra como en la operación y mantenimiento, por lo tanto esos costos no pueden ser asumidos por pequeños mineros artesanales. ¿Quiénes son sus verdaderos propietarios? Los propietarios o poseedores de las tierras negocian con ellos, ya sea vendiéndoles, arrendándoles, o “en socia” las utilidades, como llaman allá. ¿Pero quiénes son ellos? Nadie lo sabe.

Los puntos a favor consisten en hechos palpables de mejores condiciones de vida para la población, mejoramiento de viviendas, de vías y de servicios públicos, gracias al interés, al mejoramiento económico y a la organización social y comunitaria, mas no al interés o atención del Estado, cuya política nacional es perseguir, criminalizar y judicializar la pequeña y mediana minería que llaman “ilegal”, extrañamente tolerada aquí en la mencionada zona.

Algo similar ocurre en otros departamentos amazónicos como el Caquetá, Guainía y Amazonas, con la diferencia de que en éstos la minería se realiza principalmente en balsas flotantes extrayendo el material del lecho de los ríos, y en aquél en tierra firme.

Existe otro tipo de minería en la Amazonia, donde el Gobierno ha otorgado concesiones a grandes empresas mineras y petroleras, como en los departamentos de Vaupés, Caquetá y Putumayo, sin que se cumplan mínimas condiciones de precaución, participación ciudadana, protección al medio ambiente ni respeto a los derechos de las autoridades y comunidades locales, que compite con la pequeña minería tradicional en perjuicio de ésta, pues mientras a la gran minería se le concede y se le protege aún con la fuerza, a la pequeña se le persigue y se le da el tratamiento de “criminal”. Ese tipo de minería, que el Gobierno y las empresas califican de “legal”, es la que más problemas ha traído a la Amazonia, pues es la que ha venido corriendo la frontera minera hacia el bosque húmedo tropical amazónico, habitado principalmente por pueblos indígenas, provocando la deforestación y degradación de los bosques, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento o perjuicio social de comunidades.

Entrevistadora 1 (Bárbara): Según su experiencia y conocimiento, ¿cuáles son las cosas que habría que cambiar para mejorar la situación de la pequeña minería en la Amazonia?

Hay unos aspectos a tener en cuenta y el primero y transversal es la corrupción administrativa en Colombia. Eso es algo terrible y mientras no se arregle ese problema, cualquier cosa que se pretenda hacer es perdida. Entonces, hay que acabar con esa corrupción, particularmente enquistada en el sector gubernamental minero, pero también en el privado que es el que paga. ¿Quién peca más, el que peca por la paga o el que paga por pecar?

Lo otro es la incapacidad del Estado, la incapacidad de los funcionarios estatales para poder controlar las explotaciones mineras y petroleras, pues no hay control. No lo hay para la pequeña minería, pero tampoco para la gran minería. Prácticamente las empresas actúan bajo el principio de la buena fe constitucional, pero ahí no hay buena fe de ninguna clase. Las empresas mineras y petroleras hacen lo que les provoca y a los pequeños mineros dispersos a lo largo y ancho de la selva nadie los controla. Entonces lo que habría que hacer es ejercer un control efectivo, no de papel, sobre las empresas para que cumplan los compromisos pactados en los contratos, planes de trabajo, obras y de manejo ambiental; y para los pequeños mineros la legalización y formalización, sin lo cual es imposible controlarlos.

Otra cosa que habría que hacer es que se respeten los mecanismos de participación. La participación de la ciudadanía, de las comunidades locales y aún de las autoridades municipales, es prácticamente nula en la toma de decisiones. Basado en la norma constitucional sobre la propiedad del subsuelo en cabeza del Estado, el Gobierno central toma las decisiones unilateralmente, y es así como otorga títulos (contratos de concesión) arbitrariamente, sustrae áreas de reservas forestales, crea áreas de reserva estratégica minera y otorga licencias ambientales sin atender a las comunidades afectadas.

Esto es especialmente grave en la Amazonia colombiana, donde la mayor parte de la población es indígena. Para esta población el principal mecanismo de defensa es la Consulta Previa, establecido en el Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia con la Ley 21 de 1991. Pero el Gobierno desconoce este derecho, elevado al rango de fundamental en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, ya sea negando mediante argucias la existencia de comunidades indígenas o afros en las áreas de influencia directa de los proyectos, o realizando “consultas previas” amañadas que no cumplen con los estándares nacionales y menos internacionales sobre la materia, para imponer el interés del Gobierno y de las empresas extractivas. No se tiene en cuenta que culturalmente, las poblaciones indígenas tienen una concepción distinta del “desarrollo” a la del Estado y las empresas extractivas, quienes se quejan de que aquellas se oponen al desarrollo económico del país, y con este cuento del “desarrollo” se abrogan el derecho de aplastar la cultura indígena que se basa, esta sí, en las buenas relaciones hombre-naturaleza.

Existe otro mecanismo legal de participación ciudadana en el trámite de este tipo de proyectos, y es el de las Audiencias Públicas Ambientales, mediante el cual la ciudadanía, la academia, los científicos, los grupos de interés pero especialmente las comunidades afectadas, pueden participar en una audiencia pública convocada por la autoridad ambiental. Pero las solicitudes, las razones y las decisiones populares no tienen poder vinculante, solo quedan registradas en actas y la decisión final la toma el Gobierno unilateralmente de acuerdo a su conveniencia.

Las solicitudes y conceptos de las autoridades municipales (Alcaldes y Concejos Municipales) también son desechados, bajo el mismo criterio de la propiedad del Estado sobre el subsuelo, sin tener en cuenta la competencia constitucional de ellas sobre el uso del suelo (para llegar al subsuelo hay que pasar por el suelo), que ellas también son parte del Estado y que deben participar en las decisiones, pero no es así. Siempre se impone el interés del Gobierno central y de las empresas extractivas. Las entidades territoriales tienen sus dependencias de planeación, se les debe tener en cuenta, pero el Gobierno central pasa por encima de ellas y aunque esté prohibido en un plan de ordenamiento territorial local, el Gobierno dice: “no, el subsuelo es mío y yo se lo adjudico a quien quiera y hago lo que quiera con mi subsuelo”, sin tener en cuenta el ordenamiento territorial municipal ni departamental, pero tampoco el ordenamiento nacional porque no existe, y mientras no se haga no se sabe dónde se puede hacer minería y donde no, son las empresas mineras y petroleras las que hacen el ordenamiento territorial pues el Gobierno les concede donde ellas piden. Sobre ordenamiento territorial hay unos conceptos del Consejo de Estado y algunos fallos de la Corte Constitucional, donde se establece que el Estado no debe hacer adjudicación de concesiones, especialmente en la Amazonia, sin que previamente se haga un ordenamiento territorial, que se establezca claramente en donde se puede hacer la minería y en donde no, de acuerdo con las características geológicas, sociales y ambientales de cada región, todo eso se debe establecer previamente. En la Amazonia en general no se debe hacer gran minería por sus especiales características sociales, culturales y ambientales. Entonces las palabras mágicas son: participación y concertación.

Es posible hacer pequeña minería artesanal, especialmente por parte de los indígenas, mejorando las prácticas para no afectar el medio ambiente, pero para ello hay que legalizarles la actividad, formalizarlos y prestarles asistencia técnica y financiera, mediante un programa serio por parte del Gobierno, contando con la participación de las autoridades y comunidades locales, porque de lo contrario la minería que ellos practican va a continuar de forma precaria, clandestina, desordenada y sin control, expuesta a todos los riesgos del mercado negro.

Entrevistadora 2 (Paula): Y para finalizar, ¿cuáles son las oportunidades del cambio bajo el nuevo gobierno colombiano para la minería de oro en la Amazonia?

La oportunidad del cambio, según la nueva política minero-energética expuesta por el actual gobierno para la minería de oro en la Amazonia, es prometedora para la pequeña minería y perjudicial para la gran minería. El presidente actual, durante su campaña electoral y en los primeros meses de su gobierno, ha expuesto que cambiará el modelo económico extractivista que se ha impuesto durante las últimas décadas en Colombia, que es el fondo del problema, lo cual implica que frenaría los grandes proyectos mineros existentes en la Amazonia como los de Taraira en el Vaupés y el de Mocoa en el Putumayo, que no otorgará nuevas grandes concesiones mineras, que el objetivo principal es la defensa del agua, del ecosistema, de la biodiversidad amazónica y que apoyará a la pequeña minería tradicional. Para esto último ya existe una nueva norma, la Ley 2250 del 2022, que contempla mayores facilidades para la legalización y formalización de la pequeña minería tradicional y anuncia la reglamentación de esta Ley en un corto plazo, contemplado en el Plan Único que ya fue expedido para este efecto, en el cual aparece la reglamentación de las Áreas de Reserva Especial (AREs) para la pequeña minería tradicional a más tardar en el mes de marzo del 2023. Esperamos que esto sea así y no se convierta en un nuevo programa fallido de formalización, de los tantos que ha habido en los últimos gobiernos.

Agradecimientos

Agradecemos al Consejo Sueco de Investigación para el Desarrollo Sostenible (FORMAS -subvención nº 2020-0234) y al Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación (Bundesministerium für Bildung und Forschung- BMBF; subvención nº: 16LC2029A) el financiamiento del Proyecto EPICC dentro del marco del programa BiodivERsA de la Unión Europea.

Notas

[1] Abogado, minero y activista Colombiano
[2] Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) – Müncheberg, Germany and Stockholm Resilience Center – Stockholm University, Sweden
[3] Lund University for Sustainability Studies (LUCSUS) – Lund, Sweden